El debate estuvo dividido entre los que reclamaban una mayor flexibilidad laboral, encabezados por Reino Unido y Alemania, y los que optaban por acabar con las excepciones que permiten trabajar más de 48 horas semanales, liderados por España.

La iniciativa de aumentar la jornada laboral se encontraba paralizada desde hace tres años por la oposición de países como Francia, España e Italia, principalmente, que ejercían la minoría de bloqueo. Pero con el arribo de Silvio Berlusconi al poder, Italia fue la primera en abandonar el frente de la defensa del derecho social. Posteriormente, el presidente francés Nicolas Sarkozy y el premier británico Gordon Brown pactaron que si el Reino Unido apoyaba la reforma de las agencias de trabajo temporal, otra directiva que se discute paralelamente, Francia apoyaría el aumento de jornada. España se ha mantenido firme en su postura, ya que como lo dice el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, la norma "supondría una regresión social".

Con esta nueva norma, que todavía debe ser aprobada por el Parlamento, los Estados miembros podrán modificar su legislación y permitir que los trabajadores alcancen acuerdos sobre la duración de la jornada, hasta un máximo de 60 horas semanales en los casos generales y de 65 en los casos especiales como los médicos.

La directiva hará que el periodo inactivo de las guardias de los médicos no sea considerado tiempo de trabajo, en contra de lo que ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la UE. Ante esta posible situación, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha advertido de que, si se aprueba la reforma, podría convocarse una huelga en toda Europa.