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CARTAS DE LOS LECTORES

La alcaldesa de San Lorenzo y el incumplimiento de la ley

Rosa Andradas

En relación con la información publicada el pasado miércoles por El Faro del Guadarrama bajo el título: ‘Corrupción urbanística en San Lorenzo de El Escorial’, relacionada con el contencioso urbanístico del edificio construido en la calle Teresa de Berganza, 33 y concretamente sobre la afirmación realizada por la señora alcaldesa del motivo por el que, a día de hoy, aún no se ha procedido al derribo de este edifico ilegal, creo que esta señora debería dimitir e irse a su casa, pues ella sabe perfectamente que un Ayuntamiento debe cumplir la legalidad o cumplirla ‘subsidiariamente’ con cargo a la propiedad del inmueble en cuestión. ¿Qué milonga nos cuenta sobre el alto coste que supondría el derribo de este edificio para las arcas municipales? ¿Cómo puede decir eso quien es conocedora y cómplice de que el hecho de incumplir una sentencia judicial es un delito?.

Cuando Blanca Juárez habla de ‘alto coste’, supongo que se referirá para os propietarios del inmueble, no para el Ayuntamiento. Pero más alto coste puede suponer el incumplimiento, si se produjera un derrumbe, un accidente, una desgracia personal en este edificio abandonado desde hace años y el Ayuntamiento fuese demandado por daños y perjuicios, teniendo con ello que asumir las pertinentes indemnizaciones con el dinero de todos los ciudadanos.

Sepan que con ello también me estoy refiriendo a mi propiedad, calle Santa Rosa, 15 y más concretamente al edificio colindante, con sentencia judicial de derribo desde hace muchos años, que también ha sido incumplida y que, como bien saben muchos vecinos de San Lorenzo, se encuentra en una situación de peligro extremo. Y todo ello es consecuencia de las actitudes corruptas de algunos dirigentes políticos de este Ayuntamiento, entre ellos el secretario general municipal, José Luis Pérez López y el arquitecto municipal, Luis Martínez Gamero Verdú.

Finalmente, también quiero aclarar que el coste que puedan ocasionar dichos derribos no los pagaría la alcaldesa, ni el concejal de Urbanismo, ni la Junta de Gobierno local; ni siquiera el arquitecto municipal ¡¡Eso los pagaríamos los ciudadanos con nuestros impuestos!!

Así, pues, que los mencionados anteriormente se cuiden mucho de implicar a los vecinos en responsabilidades que no tienen. Otra cosa sería que políticos y técnicos tuvieran que pagar con sus propios bienes a los perjudicados.

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