El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
En su origen, el Carnaval era una fiesta en la que la sociedad encontraba un espacio de permisividad frente a la fuerte formalidad litúrgica de la sociedad católica, con las máscaras y disfraces como elemento fundamental en esta celebración. Ahora, tras lo visto en Collado Villalba el pasado fin de semana, parece que la interpretación debe ser actualizada, de modo que ya no se trata de un contrapunto a los rigores cristianos, sino a los designios del Ayuntamiento, que el sábado optó por atajar el tema de la peor manera posible: impidiendo la lectura de un manifiesto a una de las comparsas ganadoras, manifiesto que, por descontado, contenía importantes críticas a la gestión del actual Ejecutivo, presidido por José Pablo González, que parece continuar empeñado en olvidarse de las políticas progresistas, mostrando más bien actitudes rancias que poco tienen que ver con la tolerancia.
Es evidente que la construcción del hospital en La Chopera, el polémico túnel-parking de Honorio Lozano, la precaria situación del pequeño comercio o el reciente despido de cinco profesores del programa de Garantía Social forman parte de la actualidad, y así lo entendieron quienes reflejaron estos temas de manera satírica, utilizando máscaras y disfraces, como manda la tradición, del mismo modo que los integrantes del Ejecutivo escenificaron una aldea gala hace unos años, como alegoría de la situación política de Villalba. Acabar con estas escenas supondría hacerlo también con las chirigotas de Cádiz o las Fallas de Valencia, donde la crítica juega un papel fundamental. La crisis, la corrupción, el espionaje o las cacerías de Bermejo y Garzón formarán parte con toda seguridad de las celebraciones en distintos puntos de España, y resulta difícil imaginar que se pretenda acabar con esto, por molesto que pueda resultar, por lo que cabe esperar del Ejecutivo una reflexión, entendiendo que don Carnal -por incómodo que pueda resultar- puede y debe convivir con doña Cuaresma.
Buenas noticias para la Fundación
la Fundación Virgen de los Dolores ha recibido con satisfacción la sentencia que rechaza la demanda del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, estimando que las Hermanas Reparadoras que trabajan en la residencia de mayores de El Escorial no tienen que estar dadas de alta en la Seguridad Social, puesto que su labor se enmarca dentro de los principios religiosos de santidad y ayuda al necesitado. Un nuevo paso de cara a regularizar su situación definitivamente.