Consejo de gobierno supone un 16 por ciento más que el pasado año
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Consejo de Gobierno aprobó esta semana el Plan Anual 2007 de Cooperación al Desarrollo, que supone una inversión de 35,2 millones de euros, un 16 por ciento más respecto a la cooperación internacional del pasado año. Además, la cuantía aprobada supera cuatro veces la dotación económica que la Comunidad de Madrid aportó en 2003 para luchar contra la pobreza en el mundo.
Un 70 por ciento de estos recursos se distribuirá mediante convocatoria de subvenciones a ONG y un 30 a través de convenios de cooperación directa. Las prioridades que establece el Plan son la igualdad de género, especialmente en las sociedades donde la discriminación que sufre la mujer pone en riesgo su integridad física y moral; la sostenibilidad medioambiental; el apoyo a programas de salud, agua y saneamiento, y el fortalecimiento institucional, que incluye la lucha contra la corrupción. Los países que se podrán beneficiar de estas ayudas son principalmente Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Marruecos, Mauritania, Mozambique y Senegal, aunque también se consideran zonas de atención preferente Angola, territorios palestinos, Cuba, Etiopía, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Sudán y población saharaui.
Seguridad laboral
Por otra parte, el nombre de las empresas que hayan sido sancionadas por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad laboral será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Así, Madrid se convierte en la primera región que dará a conocer este dato una vez que la empresa tenga una sentencia judicial condenatoria, sin esperar a un fallo firme, con el objetivo de incentivar la aplicación de medidas de protección laboral. Desde el Gobierno regional se considera infracción muy grave a “aquella en la que se incurre cuando, al no cumplirse las normas de seguridad y salud en el trabajo, se ponen en peligro muy grave la vida o la salud de los trabajadores, incluidos los riesgos de carácter grave o inminente”. Mientras, la sanción grave se aplica cuando “a consecuencia de no cumplirse las normas de seguridad y salud en el trabajo, se ponen en peligro grave la vida o la salud de los trabajadores”.
Finalmente, la Comunidad ha incrementado este año en 19.000 euros la partida destinada a financiar los 47 puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, con el objetivo de que puedan prestar atención y asesoramiento jurídico a las víctimas de malos tratos. Así se completan las tres áreas de asistencia integral -jurídica, psicológica y social- a las víctimas en estas oficinas, en las que se informa de los recursos que pueden solicitar las mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato.