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Un perito tasará en los próximos días los terrenos del Caño de la Fragua para su subasta

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:13h
Un perito tasará en los próximos días los terrenos del Caño de la Fragua para su subasta
El Juzgado Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid ha solicitado que se designe un perito-tasador que valore los terrenos del Caño de la Fragua de Collado Villalba para cuantificar el importe de salida a subasta pública de este suelo, una cantidad que de no ser cubierta en primera convocatoria se iría rebajando en otras posteriores.

Con esta medida, el juez quiere que se cumpla la sentencia por la que se embargaron dichos terrenos para abonar a la empresa concesionaria del túnel-parking de Honorio Lozano, perteneciente al Grupo Ortiz, “por la cantidad de 1.547.913 euros de principal y 463.174 euros calculados de intereses”. Unas cantidades que ya se habían anotado en el registro de la propiedad como carga sobre el Caño de la Fragua.

Una obra faraónica
Hay que recordar que el anterior Equipo de Gobierno del PSOE, encabezado por José Pablo González, sacó a licitación la construcción del túnel por 20 millones de euros y que tras modificarse el proyecto y realizar un complementario, supuso un coste final cercano a los 40. Una cifra que a la postre se dispara a los 110 millones, que será lo que hayan pagado los villalbinos por el túnel dentro de 40 años, si le sumamos los intereses y la subida del IPC al que está sometido el canon anual que se sufraga por este concepto.

En el documento remitido por el Juzgado al Consistorio villalbino, al que ha tenido acceso El Faro del Guadarrama, se indica que el perito tasador tiene ocho días para trasladar a los tribunales el valor de dichos terrenos, próximos a la A-6 a su paso por Collado Villalba.
‘La joya de la corona’
Esta finca, con una superficie superior a los 100.000 metros cuadrados, fue valorada en más de 18 millones de euros por los técnicos municipales en 2009, tal y como recogía el pliego de condiciones aprobado para la comercialización de este suelo, proyecto que intentó sacar adelante el anterior Ejecutivo y que quedó paralizado tras el informe negativo del secretario municipal.

El Caño de la Fragua es la ‘joya de la corona’ del patrimonio villalbino, puesto que actualmente cuenta con una localización y clasificación atractiva desde el punto de vista comercial. De hecho, dentro de la ‘ingeniería’ económica a la que ha tenido que hacer frente el actual Equipo de Gobierno del PP para que el Ayuntamiento no entrara en bancarrota, se había establecido el alquiler de estos terrenos como parte del Plan de Ajuste que regirá la hacienda municipal los próximos años.

Hay que recordar que el alcalde, Agustín Juárez, ya advirtió que debido a las numerosas causas pendientes por impagos millonarios con diferentes proveedores entre los que se encuentran FCC, Iberdrola o la propia Concesionaria Collado Villalba, terrenos como el Caño de la Fragua o la Dehesa Boyal podrían estar en peligro.

Primera sentencia
Parecía inevitable que, debido a la situación económica del Ayuntamiento de Collado Villalba, con una deuda superior a los 120 millones de euros, algunos de los bienes municipales terminasen siendo embargados para hacer frente a las numerosas deudas pendientes, como así ha ocurrido.

Concretamente, tal como informamos en la edición del pasado viernes 5 de abril, durante las últimas semanas el Ayuntamiento ha recibido otros dos autos judiciales que obligan al Consistorio a hacer frente a nuevos pagos millonarios por la construcción de otras instalaciones -como por ejemplo el balneario municipal- que se llevaron a cabo sin que el anterior Gobierno afrontase los pagos a los que estaba obligado.

Un total de 3,5 millones de euros que el Ayuntamiento deberá abordar y que se suman a los más de 120 millones heredados de etapas anteriores. Nuevas deudas que debilitan aún más las arcas municipales, como así lo certifica el presupuesto actual de 2013, que asciende a 48.166.268 euros, y del que una cuarta parte está siendo destinada a pagar los préstamos concertados de la deuda pendiente contraída años atrás, entre la que se encuentra la correspondiente a la obra del túnel de Honorio Lozano-Batalla de Bailén y la liquidación de facturas a proveedores y autónomos, que en algunos casos superaban los siete años de antigüedad.
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