La Comunidad de Madrid ha aprobado su primera Ley de Caza y Pesca, que regula estas actividades para fortalecer la protección medioambiental y promover el desarrollo rural. Esta legislación unifica aspectos esenciales del sector, beneficiando a agricultores, ganaderos, cazadores y pescadores. Se implementarán Planes de Control Poblacional para gestionar especies sobreabundantes y se simplificará la regulación pesquera en tres categorías. Además, se modernizará el sector con licencias digitales y se actualizarán las sanciones por infracciones. La ley también establece nuevas distancias mínimas para la caza y un tamaño mínimo para los cotos.
La Comunidad de Madrid ha dado un paso significativo en la regulación de las actividades cinegéticas y piscícolas al aprobar su primera Ley de Caza y Pesca. Esta legislación, ratificada por la Asamblea regional, tiene como objetivo principal reforzar la protección medioambiental y proporcionar una mayor seguridad jurídica al sector. Con esta nueva normativa, se integrarán en un solo marco legal los aspectos fundamentales de estas prácticas, que son esenciales para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.
La ley beneficiará a diversos actores, incluyendo profesionales de la agricultura y ganadería, así como a aficionados a la caza y pesca, y a aquellos que disfrutan del deporte en entornos naturales. Además, introduce medidas para optimizar la gestión de la fauna mediante la creación de Planes de Control Poblacional. Esta herramienta está especialmente dirigida a los ayuntamientos para manejar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de captura, con el fin de prevenir daños en campos y cultivos.
En lo que respecta a la pesca, la ley simplifica la regulación de las aguas al clasificarlas en tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y privadas. También pone un énfasis particular en ejemplares emblemáticos como la trucha en ecosistemas fluviales, así como otros peces de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de ríos, tales como la carpa o el lucio.
Actualmente, el 71% del territorio madrileño (equivalente a 572.254 hectáreas) está catalogado como terreno cinegético, con un total de 45.044 licencias de caza vigentes. En cuanto a la pesca, hay 46.414 permisos activos y 34 tramos regulados que suman 347 kilómetros, gestionados parcialmente en colaboración con entidades locales.
La normativa también se enfoca en modernizar el sector mediante la implementación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos. Esto busca simplificar trámites y mejorar el seguimiento de las actividades relacionadas con caza y pesca. Por otra parte, se actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves serán multadas entre 200 y 1.000 euros; las graves entre 1.000 y 10.000 euros; mientras que las muy graves oscilarán entre 10.000 y 80.000 euros.
En términos de seguridad, esta nueva ley amplía la distancia mínima permitida para realizar actividades cinegéticas respecto a núcleos poblacionales, pasando de 100 a 150 metros. Asimismo, establece por primera vez un tamaño mínimo general para los cotos de caza fijado en 250 hectáreas, salvo excepciones para caza menor que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Porcentaje de superficie madrileña como terreno cinegético | 71% |
| Superficie total considerada terreno cinegético | 572.254 hectáreas |
| Licencias de caza en vigor | 45.044 |
| Permisos activos de pesca | 46.414 |
| Tramos regulados y longitud total | 34 tramos (347 kilómetros) |
La nueva Ley de Caza y Pesca regula las actividades cinegéticas y piscícolas para reforzar la protección medioambiental, integrando aspectos esenciales de estas prácticas en un único marco legal.
La ley se considera un motor del desarrollo rural y de la lucha contra la despoblación, favoreciendo tanto a profesionales de la agricultura y ganadería como a aficionados a la caza y pesca.
Se crean Planes de Control Poblacional dirigidos a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo, previniendo daños en campos o cultivos.
La regulación de las aguas se reduce a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y privadas, con mayor atención a ejemplares emblemáticos como la trucha.
La normativa apuesta por la digitalización del sector, implantando licencias digitales y procedimientos electrónicos para simplificar trámites y mejorar el seguimiento de actividades.
Las infracciones leves se castigarán con multas entre 200 y 1.000 euros; las graves entre 1.000 y 10.000 euros; y las muy graves entre 10.000 y 80.000 euros.
Se amplía la distancia mínima respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros y se establece un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza.