La proposición de ley que permitirá a los saharauis nacidos bajo administración española acceder a la nacionalidad ha superado la fase de ponencia en la Comisión de Justicia. Es una buena noticia. Pero conviene no perder de vista el camino que ha tenido que recorrer para llegar hasta aquí, porque dice mucho sobre cómo España sigue gestionando su responsabilidad histórica con el pueblo saharaui: a regañadientes y cuando la presión se vuelve insostenible.
La ley fue tomada en consideración por el Pleno en febrero de 2025 con 195 votos a favor. Una mayoría clara e incontestable, pero aun así, ha permanecido más de un año en los cajones del Congreso, con la Comisión de Justicia, presidida por el PSOE, sin convocar la reunión de ponencia que habría permitido avanzar. No ha sido la oposición de la derecha la que ha frenado la norma: PP y Vox han votado en contra, sí, pero nunca han tenido los votos para impedirla. Lo que la ha bloqueado ha sido la inacción de un socio de Gobierno que, teniendo la posibilidad de hacerlo antes, no lo hizo.
Ha sido necesario que Sumar convirtiera el Sáhara en un frente de fricción abierta dentro de la coalición de Gobierno. Ha hecho falta una campaña de recogida de firmas impulsada por Más Madrid y la diputada Tesh Sidi. Ha hecho falta que se hiciera evidente, además, una discriminación añadida: la regularización extraordinaria de migrantes dejó fuera de facto a los solicitantes del estatuto de apátrida (en su mayoría saharauis), porque exigía renunciar antes a esa condición para acceder al proceso. Si no podían regularizarse como cualquier otro migrante, al menos que fueran reconocidos como lo que son: españoles, hijos de españoles. Solo cuando esa contradicción se hizo insostenible, el PSOE se movió.
El texto, en forma de ley, que ahora avanza no es una cuestión menor. Reconoce el derecho a la nacionalidad a quienes nacieron en el Sáhara Occidental antes de la retirada española, y abre una vía de cinco años para sus descendientes de primer grado. Además, reforma el artículo 22 del Código Civil para equiparar a la población saharaui con iberoamericanos, sefardíes o ciudadanos de Guinea Ecuatorial: dos años de residencia legal, no diez. Y acepta como prueba documentos tan diversos como un DNI caducado, el censo de la ONU para el referéndum de autodeterminación, un libro de familia o un certificado escolar.
Es una reparación seria, al menos sobre el papel, pero conviene recordar, como ha hecho el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, que “esto es un primer reconocimiento, no el reconocimiento completo. La nacionalidad no resuelve lo esencial, que es el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, secuestrado desde hace medio siglo entre la ocupación marroquí, la ambigüedad diplomática de sucesivos gobiernos españoles y los cálculos geopolíticos de Washington y Rabat”.
Se puede y se debe celebrar que decenas de miles de personas dejen de vivir bajo el Estatuto de Apátrida, pero sería un error convertir esta ley en una forma de saldar la deuda histórica de España con el pueblo saharaui, pasando página sobre una descolonización inconclusa que sigue abierta.
El Congreso prevé votar el texto en el Pleno del 23 de julio, el último antes del parón de verano. Que llegue a tiempo, después de tantos meses de bloqueo, dependerá una vez más de que el PSOE cumpla lo que ya ha acordado. La historia reciente de esta ley no invita precisamente al optimismo ciego.
Si algo deja claro este proceso es que el reconocimiento de derechos históricos en España no llega por convicción, sino por desgaste: por la insistencia de una diputada saharaui que tuvo que pedir amparo a la presidencia del Congreso, por la presión de un socio de coalición dispuesto a hacer ruido, por una campaña de firmas que obligó a mover lo que llevaba año y medio inmóvil.
El pueblo saharaui no debería tener que ganarse, otra vez, algo que ya le pertenecía. Pero si esta ley finalmente llega al BOE, habrá sido, una vez más, gracias a quienes se negaron a dejar que el olvido siguiera siendo la política oficial del Estado.