La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la inspección de 1.906 construcciones irregulares en suelo protegido durante los últimos cuatro años, según un informe de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Este esfuerzo forma parte del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2021-2024, que busca restablecer la legalidad urbanística y proteger el medio ambiente. Se han identificado 5.334,3 hectáreas afectadas en 56 municipios, principalmente en las vegas de los ríos Tajuña y Jarama. El Gobierno regional ha establecido nuevas metas para el periodo 2025-2029, que incluyen diagnósticos sobre asentamientos ilegales y apoyo técnico a ayuntamientos. La recuperación del terreno y la conservación del entorno natural son objetivos clave de estas iniciativas.
La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo una exhaustiva inspección de 1.906 construcciones irregulares en suelo protegido durante los últimos cuatro años, con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística. Esta información se detalla en un informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que presenta el balance del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística para el periodo 2021-2024.
El documento revela que un total de 5.334,3 hectáreas se ven afectadas por estos asentamientos ilegales en 56 municipios. De esta superficie, cerca del 80% se concentra en las vegas de los principales ríos madrileños, siendo la zona del río Tajuña la más perjudicada con 2.712,5 hectáreas, seguida por el Jarama (1.019,5 hectáreas), Guadarrama (363,2 hectáreas) y Tajo (150,2 hectáreas).
Dada la preocupación por los riesgos que estas construcciones representan tanto para las personas como para el medio ambiente, el Gobierno regional ha incluido la intervención en edificaciones ilegales como uno de los objetivos prioritarios del nuevo Plan de Inspección y Disciplina Urbanística para 2025-2029. Este plan se estructura en diversas etapas anuales con acciones específicas, que abarcan desde estudios comparativos mediante fotografía aérea hasta diagnósticos sobre núcleos ilegales y tramitación de expedientes disciplinarios.
Además, se llevarán a cabo acciones formativas dirigidas a profesionales y ciudadanos, reafirmando así el compromiso del Ejecutivo madrileño con la protección del medio ambiente y la legalidad urbanística. La estrategia busca garantizar una actuación eficaz y transparente frente a las infracciones que afectan al suelo.
El Ejecutivo autonómico también ofrecerá apoyo técnico y jurídico a órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, así como a los ayuntamientos, especialmente aquellos con menos de 5.000 habitantes. Estas iniciativas incluirán la elaboración de informes y colaboración en la ejecución de sentencias penales relacionadas con infracciones urbanísticas.
Durante el periodo mencionado, la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística realizó un total de 455 visitas e inició 942 expedientes de diligencias previas. Asimismo, se tramitaron 143 expedientes disciplinarios urbanísticos y se llevaron a cabo 67 órdenes de demolición.
El objetivo final es que las áreas ocupadas puedan ser destinadas a usos adecuados según su planificación original, como actividades agrícolas o ganaderas. La recuperación efectiva del terreno y su entorno natural es fundamental más allá de simplemente demoler construcciones ilegales.
Un ejemplo concreto se encuentra en El Molar, donde se restauró un entorno natural afectado por edificaciones irregulares, evidenciando así el compromiso institucional con la protección del suelo no urbanizable. En Chinchón, la Comunidad mantiene una estrecha colaboración con el Ayuntamiento para gestionar expedientes relacionados con edificaciones ilegales; recientemente se demolieron tres contenedores frigoríficos destinados a uso residencial ubicados en suelo no urbanizable sin autorización correspondiente.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1.906 | Construcciones irregulares inspeccionadas en los últimos cuatro años. |
| 5.334,3 | Hectáreas afectadas por asentamientos ilegales en 56 municipios. |
| 80% | Porcentaje de hectáreas concentradas en las vegas de los principales ríos madrileños. |
| 455 | Visitas realizadas por la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística. |
La Comunidad de Madrid ha inspeccionado 1.906 construcciones irregulares en suelo protegido durante los últimos cuatro años.
El objetivo del plan es restablecer la legalidad urbanística, interviniendo en edificaciones ilegales y garantizando una actuación eficaz, coordinada y transparente frente a las infracciones que afectan al suelo.
Se realizan estudios comparativos mediante fotografía aérea, diagnósticos sobre núcleos ilegales, tramitación de expedientes disciplinarios y sancionadores, y acciones formativas dirigidas a profesionales y ciudadanos.
El Gobierno regional reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la legalidad urbanística y el desarrollo sostenible mediante la recuperación efectiva del terreno y el entorno natural.
Se prestará apoyo técnico y jurídico a órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, así como a los ayuntamientos, especialmente aquellos con menos de 5.000 habitantes.
El fin último es que la superficie ocupada pueda destinarse a los usos para los que está planificada, como actividades agrícolas o ganaderas.
En El Molar se procedió a la restauración del entorno natural afectado por construcciones ilegales, evidenciando el compromiso institucional con la protección del suelo no urbanizable.
En Chinchón se llevó a cabo la demolición y retirada de tres contenedores frigoríficos destinados a uso residencial que estaban ubicados en suelo no urbanizable sin título habilitante correspondiente.