La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva Ley de Medidas Urgentes que ampliará la oferta de vivienda protegida y reducirá los plazos de construcción. Esta normativa busca adecuar el ritmo de edificación a la creciente demanda del mercado, impulsada por el aumento poblacional en los últimos años. Se estima que estas medidas permitirán crear más de 18.000 hogares en cuatro años, introduciendo incentivos para aumentar la densidad y edificabilidad sin necesidad de nuevo suelo. Además, se facilitará el cambio de uso de terrenos y se limitará a una plaza de aparcamiento por vivienda para reducir costos. La ley también incluye un silencio administrativo positivo para agilizar trámites urbanísticos y se suma al Plan Vive, que ya ha entregado más de 5.300 hogares asequibles.
La Comunidad de Madrid ha decidido aumentar la oferta de vivienda protegida y acortar los plazos de construcción mediante la nueva normativa de Medidas Urgentes. Esta decisión fue aprobada por el Consejo de Gobierno con el propósito de ajustar el ritmo de edificación a la creciente demanda del mercado, impulsada principalmente por el notable aumento poblacional en los últimos años.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional reafirma su compromiso por facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias, así como por abordar el déficit estructural en este sector. El proyecto, presentado en noviembre de 2025 por la presidenta Isabel Díaz Ayuso dentro del Plan de Choque de Vivienda 2026/27, busca equilibrar la discrepancia entre la creación de hogares y la velocidad de construcción. Se espera que estas medidas permitan generar más de 18.000 viviendas en un plazo de cuatro años.
Entre las innovaciones que introduce esta normativa se encuentran incentivos para aumentar la capacidad residencial sin necesidad de utilizar nuevo suelo. En particular, se permitirá incrementar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida.
Además, se autoriza elevar la altura de los edificios hasta dos plantas adicionales para facilitar estos aumentos, sin requerir modificaciones en el planeamiento urbanístico. Esta medida tiene como objetivo reducir los plazos y acelerar la ejecución de proyectos. Los municipios serán los encargados de decidir si aplican estos cambios excepcionales durante un periodo limitado: dos años para solicitar licencias y tres para las obras.
La nueva normativa también amplía las opciones para cambiar el uso de terrenos y edificaciones, permitiendo construir viviendas con protección pública en suelos dotacionales privados y facilitando la transformación de inmuebles destinados a oficinas en residencias, con un plazo extendido por dos años más.
En respuesta a los altos costos de construcción, se establece una limitación a una única plaza de aparcamiento por vivienda, reduciendo así la obligación actual que exige una plaza y media.
Para optimizar la tramitación urbanística, se incorpora el silencio administrativo positivo: si no se emiten informes sectoriales en tres meses, el procedimiento podrá continuar automáticamente, salvo excepciones que afecten al dominio público. Esto implica modificaciones en diversas leyes autonómicas y elimina ciertos requisitos iniciales, manteniendo su obligatoriedad antes de la aprobación final. El objetivo es claro: disminuir plazos y cargas burocráticas en los proyectos.
Más de 5.300 hogares entregados a través del Plan Vive
La Ley de Medidas Urgentes ahora iniciará su tramitación parlamentaria y complementa otras iniciativas del Gobierno regional en materia habitacional, como el Plan Vive. A través de este programa público-privado, ya se han entregado 5.363 hogares bajo condiciones asequibles en diez localidades, cifra que se incrementará con otras 3.000 durante 2026.
El objetivo es construir un total de 14.000 nuevas casas bajo este modelo durante esta Legislatura; recientemente se adjudicaron las primeras 3.352 viviendas del Plan Vive Solución Joven dirigidas exclusivamente a personas menores de 35 años, además de otras 2.100 que serán desarrolladas por la Agencia de Vivienda Social (AVS) para familias vulnerables.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 18,000 | Hogares que se estima facilitarán las medidas en los próximos cuatro años. |
| 5,363 | Hogares entregados a través del Plan Vive hasta ahora. |
| 3,000 | Hogares que se ampliarán a lo largo de 2026. |
| 14,000 | Nuevas casas que se tienen como objetivo construir en la presente Legislatura. |
La nueva ley incluye la ampliación de la oferta de vivienda protegida y la reducción de los plazos de construcción. Se permitirá aumentar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, así como aumentar la altura de los edificios hasta en dos plantas adicionales sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.
El objetivo es adecuar el ritmo de edificación a la demanda actual del mercado, facilitando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias, y corrigiendo el déficit estructural de inmuebles.
Se estima que estas medidas facilitarán la creación de más de 18.000 hogares en los próximos cuatro años.
La normativa amplía las posibilidades de cambio de uso, permitiendo edificar casas con protección pública en suelos dotacionales privados y facilitando la transformación de inmuebles de oficinas en viviendas residenciales.
Se limitará a una única plaza de aparcamiento por piso, frente a la obligación anterior que requería una y media, para reducir costes.
El silencio administrativo positivo permite continuar con el procedimiento si no se emiten informes sectoriales en tres meses, agilizando así la tramitación urbanística.
La nueva ley se suma a iniciativas como el Plan Vive, que ha entregado ya más de 5.300 hogares con alquiler asequible y tiene como objetivo construir 14.000 nuevas casas durante esta Legislatura.