La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado un protocolo con colegios de abogados y procuradores para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas. Este acuerdo incluye representación legal en tribunales y atención psicológica a través de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito. Ayuso ha destacado la necesidad de reformar leyes que dificultan la expulsión inmediata de ocupas y ha subrayado el impacto negativo de esta problemática en la convivencia y los barrios. Desde junio de 2022, el servicio 112 Ocupación ha recibido más de 4,000 llamadas relacionadas con este delito.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado un importante protocolo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que tiene como objetivo proporcionar asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas. Este acuerdo se establece con los colegios de abogados y procuradores, quienes ofrecerán apoyo legal a los afectados por esta problemática creciente.
Díaz Ayuso ha reconocido que, aunque el Ejecutivo autonómico no posee competencias directas para erradicar este fenómeno, su administración no se mantendrá al margen. “No vamos a ponernos de perfil”, afirmó la presidenta, subrayando su compromiso con la situación que enfrentan muchos ciudadanos.
Gracias a este protocolo, quienes sufran ocupaciones ilegales no solo contarán con asesoría legal, sino también con representación procesal en tribunales y atención psicológica a través de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD). Para implementar estas medidas, el Gobierno regional establecerá un nuevo servicio especializado sobre ocupación mediante el 012 de Atención al Ciudadano. Esto permitirá una comunicación directa con el 112 Ocupación para que las víctimas reciban asistencia inmediata.
La mandataria madrileña enfatizó la necesidad urgente de modificar leyes que obstaculizan la expulsión rápida de ocupantes ilegales. “Son síntomas de males profundos”, declaró, añadiendo que estos problemas no son inherentes a España ni a su Constitución, que considera sanas y adecuadas. En cambio, apuntó hacia aquellos en el poder que evitan actuar con rigor jurídico.
Díaz Ayuso alertó sobre las consecuencias sociales que conlleva la ocupación ilegal: “Detrás de cada denuncia hay personas afectadas, propietarios que pierden sus hogares y vecinos cuya convivencia se ve alterada”. También mencionó que muchas viviendas ocupadas pueden ser utilizadas para actividades ilegales como la trata de personas o narcotráfico.