derechos fundamentales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado un protocolo con colegios de abogados y procuradores para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas. Este acuerdo incluye representación legal en tribunales y atención psicológica a través de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito. Ayuso ha destacado la necesidad de reformar leyes que dificultan la expulsión inmediata de ocupas y ha subrayado el impacto negativo de esta problemática en la convivencia y los barrios. Desde junio de 2022, el servicio 112 Ocupación ha recibido más de 4,000 llamadas relacionadas con este delito.

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha aprobado una moción del PP que solicita al Gobierno de España la retirada de la Proposición de Ley Orgánica relacionada con el acoso judicial, considerándola una amenaza para el Estado de derecho. La moción recibió el apoyo de PP y VOX, mientras que el PSOE votó en contra. Además, se aprobó por unanimidad un plan para construir 40 residencias de mayores y 40 centros de día en la región, así como una Declaración Institucional en favor de la igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Las sesiones plenarias están disponibles para su visualización en directo a través de la web municipal.

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en respuesta a la modificación de la Ley de Extranjería por parte del Gobierno central, que afecta los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. El Consejo de Gobierno argumenta que este cambio infringe la Constitución al invadir competencias regionales y vulnerar derechos fundamentales de los menores. Además, critica la falta de justificación en la aplicación de estos nuevos criterios y la inadecuada utilización del Real Decreto ley para una reforma que debería ser legislativa. Desde 2019, Madrid ha atendido a más de 10,600 menores no acompañados.

Más Madrid ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar la desregulación de los discursos de odio en redes sociales, tras los cambios en las políticas de moderación de Meta y X. La formación madrileña alerta que estas modificaciones dejan desprotegidos a más de 35 millones de usuarios en España frente a contenidos discriminatorios y mensajes de odio. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, enfatiza que no se puede permitir que grandes empresas decidan qué discursos son aceptables, ya que esto vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución Española. Además, critica la falta de acción del Gobierno en implementar la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. La denuncia busca proteger los derechos democráticos y evitar una oligarquía digital.