Una comisión estudiará el convenio de Fuente Elvira

La propuesta, sin embargo, no fue aceptada, ya que el Equipo de Gobierno aprobó finalmente una comisión informativa sobre los proyectos básicos del convenio de Fuente Elvira. La iniciativa partió de la ex edil socialista Isabel de Andrés, quien insistió en las irregularidades con las que a su juicio se dio luz verde en junio de 2003 a esta operación, en los últimos días de mandato del Gobierno presidido por Manuel Cabrera (PSOE).

Frente a esta situación, la actual portavoz socialista, Carmen Toledano, recordó que esta actuación se aprobó “desde el primer momento por todos los grupos, por unanimidad”, añadiendo que la definitiva licencia de obras fue concedida por el anterior regidor, José Tomás Román, el 9 de diciembre de 2003. “El concejal de Urbanismo no puede decir que el PP no tiene nada que ver”, concluyó la edil.

Posteriormente, durante el pleno, Foro Verde, Izquierda Unida y el Partido Popular aprobaron la urgencia de la moción presentada por la ahora concejala no adscrita Isabel de Andrés, propuesta que pasó a ser debatida, de modo que finalmente se dio el visto bueno a la creación de una comisión de investigación, una solución que para los vecinos es demasiado lenta frente a la urgencia que demanda su problema.

Desde el PSOE, Manuel Cabrera indicó que, en todo caso, la discusión debería ser “sobre el conjunto del expediente, y no sobre un momento concreto.

Indefensión
Lo cierto es que los vecinos, que dicen encontrarse en una situación de indefensión, aún no pueden ocupar sus viviendas, ante la falta de acuerdo entre los consistorios de Galapagar (donde se encuentran las urbanizaciones) y Colmenarejo (término donde se preveía realizar las conexiones) para dar servicio a estas parcelas.

Finalmente, parece que uno de los promotores planteó la posibilidad de reclamar al Ejecutivo autonómico la elaboración de un plan urbanístico especial, aunque los vecinos manifiestan de nuevo que supondría un alto coste en un cuanto a tiempo y recursos, por lo que insisten en que la solución debe pasar por la “voluntad” de los ayuntamientos implicados de llegar a un acuerdo.