La desilusión de 110 jóvenes villalbinos

Era el primer paso para hacer realidad un proyecto que el Consistorio local y sus responsables anunciaron a bombo y platillo en vísperas de las elecciones locales celebradas en 2007. El alcalde, José Pablo González, sacaba pecho el día que estos pisos fueron sorteados al rebufo de la alegría de aquellos 110 jóvenes, menores de 35 años, a los que anunció que ‘sus’ casas les serían entregadas en septiembre de 2008. Una vez más, el marketing político había funcionado al más puro estilo del cuento de la lechera, porque seis meses más tarde de la fecha prevista para la supuesta entrega de llaves, las obras ni siquiera han dado comienzo, la empresa promotora se encuentra en suspensión de pagos, la Comunidad de Madrid no da explicaciones al respecto y el Ayuntamiento (como ya es habitual) se inhibe alegando que el terreno es propiedad de la constructora, el Plan Joven compete al Gobierno regional y que ellos (aparte de ponerse las medallas) sólo se han dedicado a firmar un acuerdo para que los pisos fuesen sorteados entre villalbinos.

Y yo creo que alguna responsabilidad más tendrá el Ejecutivo local, aunque sólo sea moral, sobre todo si como se comenta no hizo nada por agilizar la concesión de una licencia de obra aprobada dos años después de la firma del citado convenio. Y aún conociendo los plazos y el incierto futuro de esta promoción, ¿por qué no lo puso en conocimiento de los afectados? ¿acaso se han olvidado que son ellos los que tienen que defender los derechos de sus conciudadanos? Desde mi punto de vista, en este embrollo lo único que sí está claro es que 110 jóvenes se han quedado sin su deseada, prometida y adjudicada vivienda. Y eso sí que es grave.

Muchas fueron las promesas hechas por Pilar López Partida, alcaldesa de Valdemorillo, durante la campaña electoral de 2007 que después de año y medio de legislatura aún no se han cumplido, entre ellas -según denuncia el portavoz del grupo municipal socialista de esta localidad- aquella en la que la primera edil se comprometía a realizar las obras de la red de distribución del agua potable a las urbanizaciones de esta localidad a coste cero. Pese a obtener mayoría absoluta, nada hizo al respecto; bueno, hasta ahora, porque hace poco más de un mes López Partida convocó a los presidentes de las entidades urbanísticas y de las urbanizaciones para mantener una reunión con los responsables del Canal de Isabel II a fin de debatir el convenio que permitiera renovar la red de agua de dichas urbanizaciones, donde la alcaldesa propuso que éstas asumieran los gastos de dichas obras para una vez realizadas y recepcionadas por el Ayuntamiento, entregárselas al Canal, renunciando así al derecho que tiene el Consistorio local de cobrar a esta empresa pública el importe correspondiente a la distribución del agua a domicilio, capítulo este que según el portavoz del PSOE no está reflejado actualmente en la contabilidad municipal, “algo que también tendrá que explicar la alcaldesa, ya que si el Canal de Isabel II no está realizando dichos ingresos, deberá exigirselo de inmediato. Si por el contrario esas cuotas se están gastando de forma indiscriminada, entonces podríamos estar hablando de una presunta malversación de caudales públicos”.

El tema es serio y por tanto Pilar López Partido está obligada a contestar tanto estas como las otras muchas acusaciones, la mayoría de ellas de índole económico, que le han imputado en los últimos meses los representantes de los grupos de la oposición. Meter la cabeza bajo el ala, como ha hecho en el delicado asunto relacionado con el cabo de la Policía Local, no le favorece en absoluto.

Tras la orden dada por la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir la investigación sobre la construcción de un hotel de lujo en el Valle de la Fuenfría (Cercedilla), levantado sobre suelo forestal, tal como anunciaba este periódico la semana pasada, el juzgado número 6 de Collado Villalba, ha imputado a Pablo S. G., jefe del Área de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por un presunto delito de prevaricación. Al parecer este departamento, presuntamente, obstaculizaba la investigación al no remitir los expedientes que le había solicitado el juzgado hace siete meses. Con esta ya son cinco la personas imputadas en las diligencia previas y en Cercedilla ya empiezan a barajarse nombres, algunos de ellos vinculados a la política local, que según nuestras fuentes podrían estar también implicadas en este caso. Y es que cuando se tira del hilo...