Ayuntamiento y comerciantes de Villalba, enfrentados. El Ejecutivo les quiere cobrar una tasa aprobada hace tres años

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, sería bueno recordar que los impuestos junto con las tasas y las contribuciones especiales configuran los ingresos tributarios, principal fuente de la financiación de los presupuestos de las Administraciones Públicas. Quiere esto decir que todos los vecinos (contribuyentes) tienen la obligación de pagar los impuestos municipales, mientras en el caso de las tasas, al tratarse de una contraprestación, como es el caso que nos ocupa, sólo deberán abonarlas aquellos que las utilicen en provecho propio, pues ningún ciudadano puede ser obligado a utilizar un determinado servicio ni tampoco perseguido porque prescinda de él.

Sirva este preámbulo o entradilla como presentación al debate suscitado en Collado Villalba entre el Ejecutivo y el colectivo de comerciantes y empresarios de este municipio tras ser invitados estos por la Hacienda local a pagar con carácter retroactivo (tres años) la tasa correspondiente a la instalación de rótulos en la vía pública, según establece la ordenanza fiscal aprobada por el Consistorio villalbino en el año 2005. Imagínense la sorpresa que se llevó el medio centenar de comerciantes tras recibir, en plena cuesta de enero y con crisis incluida, los citados requerimientos de pago que, en algunos casos, ascendían a más de 4.000 euros por establecimiento, cifra resultante tras multiplicar 6 euros anuales por metro cuadrado de letrero o luminoso y por tres años, además de otros 600 euros al año en concepto de “ocupación de terrenos con marquesina, mupis, columnas y cabinas con publicidad”. Las reacciones lógicamente fueron dispares y así mientras algunos afectados pedían la urgente intervención de la Asociación de Comerciantes y Empresarios, CyE, otros optaban por descolgar sus rótulos de las fachadas y los más acalorados anunciaban a viva voz que no iban a pagar ni un sólo duro al Ayuntamiento. Incluso se planteó convocar una manifestación de protesta, propuesta que ha quedado aplazada hasta conocer el resultado de las gestiones iniciadas por CyE para intentar frenar lo que ya algunos califican como tasazo.

Incomprensible actitud del presidente de ‘CyE’
Valentín Molinero, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de esta localidad, en una entrevista concedida la semana pasada en Canal 7- Villalba, contestó con una ingenuidad infantil a las preguntas que le hacia Luis de la Calle, intentando justificar su sorpresa en el hecho de que él desconocía la existencia de esta ordenanza fiscal. Pues mire usted, señor Molinero, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y plagiando al ex ministro Trillo,le diré que ¡manda huevos! que el presidente de una patronal que representa a un elevado número de comerciantes y que maneja un presupuesto de miles de euros al año, no conozca siquiera los acuerdos tomados en los plenos municipales que directamente implican a sus representados. Cierto es que dicha tasa fue aprobada antes del nombramiento de Valentín Molinero, pero es fácil suponer que su antecesor en el cargo, José Gil (es incomprensible que además de no oponerse a dicha ordenanza ni siquiera lo pusiera en conocimiento del colectivo comercial), y el personal que trabaja para CyE le pondrían al corriente de ello nada más tomar posesión. Lo contrario sería muy grave. Otra cosa es que tanto al presidente entrante como al saliente les interesara enfrentarse a un Equipo de Gobierno con el que han presumido de mantener unas fraternales relaciones.
¿Quién sacará a los comerciantes de este embrollo?
Aunque en la nota de prensa emitida por CyE, donde hacen mención de la reunión mantenida con los concejales de Hacienda y el de Desarrollo Local, se dice que han conseguido que el Ayuntamiento paralice durante un mes la emisión de nuevos expedientes de cobro, “tiempo que consideramos necesario para recabar la suficiente documentación legal para poder revisar y conseguir la anulación de pleno derecho de la tasa”, mucho nos tememos y así lo ha manifestado José Antonio Gómez Sierra, responsable del área de Hacienda, que la situación es irreversible al tratarse de una ordenanza fiscal que existe en la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid y que, además, ha sido aprobada con todas las bendiciones legales. Otra cosa es que el Ayuntamiento se niegue a abrir vías de negociación que permitan fraccionar el pago a unos comerciantes que, ahora mismo, están condenados a satisfacer a la hacienda municipal varios miles de euros por culpa del error cometido tanto por los políticos que le representan, que vaya usted a saber por qué en su día decidieron paralizar este cobro, como por la dejación manifiesta de los dirigentes de su propia asociación que prioritariamente tienen la obligación de defender los intereses de sus asociados en vez de dedicarse a organizar eventos cuyo fin es beneficiar a una minoría de este colectivo.