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Madrid demandará al Gobierno por falta de apoyo a la Ley de Eficiencia Judicial

07/04/2025@16:41:54

La Comunidad de Madrid ha decidido llevar al Gobierno central a los tribunales por la falta de financiación y el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2025, que busca mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, anunció que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones financieras, lo que impactará en un gasto de 43 millones de euros para la comunidad. La región exige una nueva Conferencia Sectorial de Justicia para abordar estos temas y ha denunciado una falta crónica de recursos por parte del Gobierno central. Además, se están implementando importantes proyectos en infraestructura y justicia en Madrid. Para más detalles, visita el enlace.

Madrid impugna ante el TC cambios en la distribución de menores no acompañados

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en respuesta a la modificación de la Ley de Extranjería por parte del Gobierno central, que afecta los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. El Consejo de Gobierno argumenta que este cambio infringe la Constitución al invadir competencias regionales y vulnerar derechos fundamentales de los menores. Además, critica la falta de justificación en la aplicación de estos nuevos criterios y la inadecuada utilización del Real Decreto ley para una reforma que debería ser legislativa. Desde 2019, Madrid ha atendido a más de 10,600 menores no acompañados.

La Comunidad de Madrid lidera la creación de empleo en España en el último año

La Comunidad de Madrid lidera la creación de empleo en España en el último año, tanto en términos absolutos como en relativos, con una subida del +3,6% y 3.681.104 cotizantes.

Madrid estima 2.635 millones en gastos adicionales por la reducción de jornada laboral del Gobierno central

La Comunidad de Madrid estima que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, propuesta por el Gobierno central, generará un coste adicional de 2.635 millones de euros anuales para comerciantes y hosteleros en la región. De esta cifra, 1.775 millones corresponderían al comercio y 860 millones a la hostelería. Este impacto afectaría gravemente a estos sectores, que representan el 17,2% del PIB madrileño y emplean a casi 800.000 trabajadores. La Consejería de Economía ha expresado su rechazo a esta normativa, argumentando que no se ha consensuado con los agentes sociales y que podría aumentar la conflictividad laboral en España. PYMES y autónomos serían los más perjudicados por las nuevas cargas administrativas y costos financieros que implicaría esta ley.