La Comunidad de Madrid estima que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, propuesta por el Gobierno central, generará un coste adicional de 2.635 millones de euros anuales para comerciantes y hosteleros en la región. De esta cifra, 1.775 millones corresponderían al comercio y 860 millones a la hostelería. Este impacto afectaría gravemente a estos sectores, que representan el 17,2% del PIB madrileño y emplean a casi 800.000 trabajadores. La Consejería de Economía ha expresado su rechazo a esta normativa, argumentando que no se ha consensuado con los agentes sociales y que podría aumentar la conflictividad laboral en España. PYMES y autónomos serían los más perjudicados por las nuevas cargas administrativas y costos financieros que implicaría esta ley.
