La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto estatal que regula la eficiencia energética y la sostenibilidad en los Centros de Procesamiento de Datos (CPDs). Esta iniciativa, dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, busca prevenir una posible sobrerregulación que podría perjudicar la competitividad del sector en la región frente a otras áreas europeas.
Madrid lidera el ranking nacional con un total de 46 infraestructuras (35 operativas y 11 en construcción), lo que representa el 54,8% de la capacidad instalada en España. Este liderazgo se encuentra muy por delante de comunidades como Aragón (30%) y Cataluña (12%). Sin embargo, tras un análisis del texto propuesto realizado por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, se han identificado riesgos significativos para el futuro de esta industria estratégica ante la implementación del nuevo marco normativo.
Preocupaciones sobre la normativa
Las observaciones enviadas indican que el proyecto de Real Decreto excede lo requerido por la Unión Europea en su Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364. La propuesta amplía los indicadores obligatorios a aspectos socioeconómicos, territoriales o relacionados con el tráfico de datos, elementos que no están directamente vinculados a la eficiencia energética.
Uno de los artículos más polémicos es el artículo 7, que condiciona el acceso y conexión de los CPD a la red eléctrica a cumplir compromisos ambientales inexistentes en otros países europeos. Para el Ejecutivo autonómico, estos requisitos son desproporcionados y colocarían a Madrid y a España en general en una clara desventaja frente a destinos europeos más eficientes y menos burocráticos.
Eficiencia energética como prioridad
Además, la disposición transitoria única aplicaría estas exigencias a proyectos ya en tramitación, lo cual podría contradecir principios constitucionales sobre retroactividad y seguridad jurídica.
La Comunidad de Madrid sostiene que la eficiencia energética debe ser un eje prioritario; sin embargo, advierte que no se deben implementar normas que desalienten proyectos ni frenen inversiones e innovaciones. El sector de los centros de procesamiento de datos es esencial tanto para la economía digital como para la transición energética, ya que proporciona flexibilidad a la red e integra fuentes renovables y almacenamiento.
Se estima que España podría captar más de 58.000 millones de euros en inversiones hasta 2030, con una parte considerable destinada a Madrid. No obstante, una regulación excesivamente rígida podría reducir esta cifra a solo 12.500 millones, generando un impacto negativo significativo en empleo, innovación y liderazgo tecnológico en todo el país.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 46 |
Infraestructuras de CPDs en Madrid |
| 54.8% |
Porcentaje del total de la capacidad instalada en España |
| 58,000 millones de euros |
Inversión estimada en el sector hasta 2030 |
| 12,500 millones de euros |
Posible reducción de inversión por regulación excesiva |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué alegaciones ha presentado la Comunidad de Madrid respecto al Real Decreto estatal sobre los CPDs?
La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto estatal que regula la eficiencia energética y sostenibilidad para los Centros de Procesamiento de Datos (CPDs), con el objetivo de evitar una posible sobrerregulación que afecte a la competitividad del sector en la región.
Cuáles son los riesgos que se mencionan sobre el nuevo marco normativo?
Se alerta que el nuevo marco normativo podría poner a la Comunidad de Madrid y a España en desventaja frente a otros destinos europeos, debido a requisitos ambientales desproporcionados que no existen en otros países de la UE. Además, se menciona que las exigencias se extenderían a proyectos ya en tramitación, lo cual podría vulnerar la Constitución en materia de retroactividad y seguridad jurídica.
Por qué es importante el sector de los centros de procesamiento de datos?
El sector es fundamental para la economía digital y la transición energética, aportando flexibilidad a la red e integrándose con energías renovables y almacenamiento. Se estima que España podría atraer más de 58.000 millones de euros de inversión hasta 2030, siendo una parte significativa concentrada en la Comunidad de Madrid.
Qué consecuencias podría tener una regulación excesivamente rígida?
Una regulación demasiado estricta podría reducir significativamente las inversiones esperadas en el sector, pasando de 58.000 millones a apenas 12.500 millones, lo que tendría un impacto negativo en el empleo, innovación y liderazgo tecnológico del país.
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