Vanesa Martín será la invitada en el programa de entrevistas 'Plano General', presentado por Jenaro Castro. En esta edición, la cantante y compositora habla sobre su visión de la vida y la música, destacando su enfoque "políticamente incorrecto" respecto a la sexualidad. Martín también interpreta canciones de su nuevo disco 'Casa Mía' y expresa su preocupación por los derechos humanos y sociales. El programa incluye diversas secciones que abordan su biografía, actualidad y aspectos personales. La entrevista se lleva a cabo en la Casa de México en Madrid, un lugar significativo para la artista.
El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, una fecha significativa para reconocer la lucha por la igualdad y los derechos de la comunidad LGTBI+ a nivel mundial. Este día celebra el amor propio y la dignidad de cada individuo, promoviendo la aceptación y el respeto hacia todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Es un momento para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en la búsqueda de equidad y justicia social.
Ha pasado el super domingo electoral en Europa con una sensación más amarga que dulce, aunque con algo de alivio una vez superado el susto de Rumanía.
En un momento de perplejidad y parálisis de las izquierdas, especialmente de sus partidos políticos, supone una bocanada de aire fresco ilusionante la iniciativa que hace unos días lanzó en Italia el intelectual y periodista Michele Serra.
La Comunidad de Madrid ha eliminado más de 120 términos peyorativos sobre discapacidad de su normativa autonómica, afectando a 30 disposiciones legislativas y reglamentarias. La Asamblea regional ha aprobado la Ley de Adaptación Normativa, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial. Esta ley revisa 11 disposiciones y modifica una veintena de expresiones, garantizando un lenguaje respetuoso en todas las comunicaciones oficiales. El objetivo es avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en colaboración con organizaciones representativas del colectivo.
Arcópoli, la asociación que defiende los derechos del colectivo LGTBI+, ha vuelto a denunciar la alarmante situación que enfrentan las personas LGTBI+ migrantes y con necesidad de solicitar protección internacional al intentar acceder al sistema de asilo en España.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han presentado esta iniciativa con el objetivo de establecer un calendario de actividades culturales que den protagonismo a las creaciones LGTBI+ y a la diversidad en diferentes museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura.
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Se ha finalizado el operativo de seguridad para la celebración del Orgullo LGTBI+ 2025 en Madrid, que contará con la movilización de casi 3.300 policías nacionales. Para la Manifestación Estatal del 5 de julio, se desplegarán más de 700 agentes, garantizando un ambiente seguro durante los actos. El delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, destacó la importancia de esta celebración para consolidar derechos y llamó a la ciudadanía a participar activamente. El dispositivo incluirá medidas como el cierre temporal de estaciones de Metro y Renfe y la presencia de unidades especiales para asegurar el desarrollo adecuado de la manifestación y el desfile de carrozas.
Más Madrid ha presentado en el Congreso una Proposición de Ley para establecer el aislamiento comercial y la ruptura de relaciones económicas con Estados que mantengan ocupaciones ilegales, centrándose en el caso de Israel. La iniciativa busca aplicar principios del derecho internacional, prohibiendo a España reconocer la soberanía de potencias ocupantes y vetando acuerdos bilaterales o multilaterales con ellas. Esta ley también impedirá que empresas españolas participen en actividades que beneficien a las ocupaciones ilegales. Más Madrid argumenta que es necesario poner fin a la incoherencia entre la condena verbal de las ocupaciones y las relaciones económicas mantenidas con los países que las perpetúan.
Más Madrid ha presentado una Proposición de Ley para la localización, identificación y recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura en la Comunidad de Madrid. Esta normativa establece un marco legal para la exhumación de fosas comunes, garantizando la dignidad de las víctimas y el rigor científico en los procesos. La ley incluye la creación de un mapa integral de fosas, un censo de desaparecidos y un banco de datos de ADN para facilitar identificaciones. Alicia Torija, diputada de Más Madrid, destaca la importancia de hacer justicia y coordinar esfuerzos entre administraciones para atender a las 2,700 personas pendientes de exhumación. La propuesta ha sido rechazada por PP y Vox, quienes han mostrado su oposición a avanzar en la memoria democrática.
Más Madrid ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley para proteger la ayuda humanitaria y sanitaria en Palestina, exigiendo medidas urgentes que garanticen la llegada de asistencia a Gaza y la seguridad del personal médico. La propuesta incluye activar el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y aumentar la acogida de heridos palestinos en España. La diputada Alda Recas enfatiza la necesidad de actuar ante la grave crisis humanitaria, con más de 46.700 muertes y un sistema sanitario devastado en Gaza. La iniciativa también aboga por el fin de las actividades militares en la región y reformas para evitar contratos con empresas acusadas de violaciones a los derechos humanos.
La Delegación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) han puesto en marcha una exposición de trajes confeccionados por mujeres supervivientes de la trata con fines de explotación sexual.
La frase del título de esta reflexión hace referencia a tiempos convulsos como los que estamos viviendo.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática considera que la respuesta de la ONU supone "un respaldo irrefutable a la postura del Gobierno en la defensa de la Memoria Democrática y los derechos humanos", ante la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas leyes de "concordia" en Castilla y León y Comunitat Valenciana.
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